Localizan a varios triatletas en la Operación Hipoxianet

La Agencia Anti Dopaje tiene el listado de 250 compradores que pueden ser sancionados

La pasada semana la UCO desarticuló en Cádiz una red de venta y distribución de EPO, donde 6 personas fueron detenidas y más de 850 inyectables fueron incautados

Ahora la Agencia Anti Dopaje tiene el listado de 250 compradores que pueden ser sancionados. De momento no se ha hecho pública su identidad , aunque seguramente se vayan conociendo poco a poco.

Según informa el diario Nuis, estas 250 personas compraron EPO son en su mayoría son corredores aficionados que participan en carreras populares y en triatlones o pruebas de resistencia.

Aunque no solo están amateur en la lista, ya que aparece un conocido corredor en el mundo de la bicicleta de montaña

La AGPD dio la voz de alarma al encontrarse positivos en pruebas de resistencia

La investigación se inició hace dos años cuando la propia AGPD alertó a la Guardia Civil de un incremento en los positivos de corredores en carreras populares y sobre todo, en pruebas de resistencia.

La sospecha era que alguien estaba sacando Eritropoyetina (EPO) del mercado legal español para venderlo después a los atletas a cambio de un alto precio.

Los agentes detectaron que una red de hasta siete portales de internet se encargaban de ofrecer la sustancia. A vender la EPO en distintos idiomas y a distintos países.

En el momento de lanzar el operativo, la Guardia Civil localizó 850 inyectables, lo que supone el mayor alijo de esta sustancia localizada en Europa.

La red de cuentas bancarias de los detenidos pasaba por Austria, Eslovaquia y Chipre.  Había 800.000 euros. En los registros, localizaron además 70.000 euros en efectivo.

10 años , con estás prácticas

Los miembros de la UCO estiman que la red desarticulada llevaba diez años con estas prácticas, a falta de analizar en profundidad la información obtenida por los agentes en los registros.

Hay además una rama de posible fraude a la Seguridad Social, ya que era la Administración la que abonaba el precio de los medicamentos al tratarse de tratamientos  subvencionados.

Solo en tres años, los informes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía reflejan que se desviaron al mercado negro más de 5.000 dosis.

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